La nueva actualización del catastro conllevará, según los expertos, subidas en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en 2.100 municipios, es decir, más del 25% de los 8.118 en los que actualmente se organiza España.
El IBI se ha convertido en la columna vertebral de la financiación local. Más aún desde el inicio de la crisis cuando, incomprensiblemente y al tiempo que el precio del suelo bajaba, su peso siguió incrementándose, hasta suponer ya en el año 2012 casi el 50% de los ingresos de los consistorios. Y el año 2015 no será una excepción.
El ministro de Hacienda dio el visto bueno hace dos meses -al tiempo que aprobaba los Presupuestos Generales del año que viene- a la lista de municipios "a los que resultarán de aplicación los coeficientes de actualización de los valores catastrales". En cristiano, se trata de un inventario de más de 2.500 municipios de toda España que serán objeto de un nuevo examen estatal.
La repercusión implicará un incremento catastral (y, por ende, del IBI) en aquellos municipios cuya última ponencia de valores haya entrado en vigor con anterioridad a 2006. Es decir, la situación se cumple para 2.100 de los 2.500 municipios.
Hacienda se desmarca
El Ministerio de Hacienda se desmarca del efecto de esta cifras y calcula que el nuevo examen, lejos de suponer subidas, representará de media un descenso del 1,5% en el IBI.
En este sentido, fuentes del departamento quitan importancia a los exámenes que resulten al alza y recuerdan que "para los municipios con valores ya revisados entre 2006 y 2009 tendrá un efecto a la baja". En todo caso, insisten en que "la actualización de los valores catastrales no se ajusta de oficio por el Estado, sino que se aplica a los municipios que voluntariamente lo hayan solicitado".
Otra de las cuestiones sería analizar qué hay detrás de esta petición por parte de los Ayuntamientos. En este sentido, muchos consistorios reconocen abiertamente que el IBI es prácticamente la única manera que tienen de demostrar al Estado un plan de viabilidad, un esquema que debe recibir el visto bueno de Hacienda si los Ayuntamientos quieren entrar en mecanismos de financiación como el plan de proveedores. Un plan, por otro lado, imprescindible para algunos consistorios, más en año electoral.
Muchas diferencias
Además, la presión fiscal difiere, y mucho, dependiendo de la parte de España donde el contribuyente tenga ubicada su propiedad. Según el ranking que elabora la agencia tributaria de Madrid, esta desigualdad puede llegar al 85 por ciento si comparamos, por ejemplo, el IBI de Pamplona, la ciudad con el tributo más barato, y Lleida, la provincia que lo cobra más caro.
La agencia, en este punto, también señala como parte relevante de análisis: el esfuerzo fiscal relativo, es decir, el porcentaje de impuestos que cada Ayuntamiento cobra con respecto al máximo que la Ley -el Estado- permite cobrar. Así, por ejemplo, si la actual horquilla para inmuebles urbanos es de entre 0,4 y 1%, Bilbao exigiría respeto al máximo un 22,85 por ciento, Segovia un 78,75 y Almería llegaría al 100.
Por su parte, las organizaciones de consumidores siguen de cerca el proceso. David Hurtado, responsable de prensa de la Confederación de Consumidores y Usuarios (Cecu) subraya "su rechazo frontal a una iniciativa que tiene como única finalidad el afán recaudatorio, incrementando de forma indiscriminada un IBI que ya ha sido aumentado considerablemente por muchos Ayuntamientos en los últimos años"
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