El Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos urbanos, más conocido como plusvalía municipal, se ha convertido en un tributo controvertido a raíz del estallido de la burbuja inmobiliaria.
Si su hecho imponible se encuentra precisamente en la revalorización del terreno, la crisis ha puesto de manifiesto que, en muchas ocasiones, puede producirse la situación contraria: el precio real del inmueble se encuentra por debajo del valor catastral. Esta situación lleva a muchos particulares y empresas a tener que vender sus fincas por un valor inferior al de adquisición, generando, a pesar de ello, el devengo de la plusvalía.
Sin embargo, la última jurisprudencia se muestra a favor de que el afectado no quede sujeto al impuesto, en contra de lo defendido por la Administración.
Sin hecho que gravar
En esta línea, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en sentencia de 18 de julio de 2013, se ha negado a que los municipios puedan cobrar el tributo en caso de que no exista tal plusvalía, asegurando que "el incremento de valor constituye el primer elemento del hecho imponible, de manera que en la hipótesis de que no existiera tal incremento, no se generará el tributo y ello pese al contenido de las reglas objetivas de cálculo de la cuota del artículo 107 de la Ley de las Haciendas Locales".
Así, según el fallo, "al faltar un elemento esencial del hecho imponible, no puede surgir la obligación tributaria".
En este supuesto, el recurrente censuró la "disociación radical o dualidad" entre la tributación exigida y la situación económica efectiva sobre la que se aplica, dado que las distintas ordenanzas municipales por las que se regula el tributo se basan en "una realidad tradicional -la producción de incrementos continuados y notables en el valor del suelo- que nada tiene que ver con la situación actual, en la que durante varios años tal valor ha estado decreciendo sin solución de continuidad".
De hecho, el precio de la vivienda habría caído entre el 2008 y el 2011 más de un 24,6 por ciento y, en cambio, la evolución teórica en el mismo periodo según la ordenanza aplicable es un aumento del 8,1 por ciento. La sentencia apoya este argumento y asegura que la contradicción legal "no puede ni debe resolverse a favor del método de cálculo y en detrimento de la calidad económica", pues ello supondría desconocer los principios de equidad, justicia y capacidad económica".
Además, el fallo vaticina que la misma conclusión debe alcanzarse cuando ha existido un incremento de valor pero la cuantía es "probadamente inferior a la resultante de la aplicación de dicho método de cálculo, al infringirse los mismos principios".